El subpacto del Pacto
Agencia Reforma  / René Delgado
Ciudad de México, México (11-May-2013).- 04:40 AM
Tan pobre es la cultura de la legalidad y tan poca la civilidad política que, absurdamente, el gobierno federal y los partidos políticos acordaron suscribir un subpacto donde se comprometen a cumplir con ¡la Constitución y las leyes!

Sí, hay Constitución y leyes pero lo de hoy, para darle crédito a esos papeles, exige un acuerdo rubricado por los más conspicuos miembros de la élite política: el presidente de la República y los dirigentes partidistas. Suena absurdo, es absurdo, pero -por lo reconocido tácitamente y suscrito manifiestamente- el edificio de la legalidad tiene por punto de apoyo un añadido a un Pacto. Sin esa adenda, la ley es un manual de instrucciones y de anhelos, susceptible de atender o no.

Los mismos principios donde se finca el subpacto son de Ripley. A la letra dicen: "uno, sobreponer el interés del país y el de los mexicanos a cualquier interés partidario o individual; dos, cumplir con la palabra empeñada; tres, profundizar la transparencia; y, cuatro, actuar bajo estricto apego a la Constitución y las leyes que de ella emanan".

¿Qué Estado de derecho, qué democracia exige firmar un agregado para que sus postulados básicos cobren vigencia? La respuesta es México. Esa es la triste realidad, pero si un efecto colateral del afán por sostener el Pacto por México es el de ponerle auténticos pilares a la cultura de la legalidad y la civilidad política, bien vale la pena celebrar tamaño absurdo.


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Los 11 compromisos derivados de esos principios son igualmente absurdos. Presentan, como gran novedad, la decisión de cumplir con la ley. Vale reproducir el primero de ellos, sólo para dimensionarlo: "Los firmantes garantizamos se sancione debidamente a quienes haya cometido o cometan delitos electorales".

Dicho de otro modo: si no se hubiera firmado el subpacto del Pacto y alguien cometió o cometiera un delito electoral, no estaría garantizada la aplicación de la sanción correspondiente porque probablemente se echaría al costal de la impunidad o se negociaría en la mesa de la transa.

Cuando, con toda pompa y circunstancia, la figura principal de un régimen presidencialista como obviamente lo es el jefe del Ejecutivo así como los representantes del sistema de partidos firman un documento como el suscrito, no queda más que pensar en una opción: el cinismo político rebasó su límite o la miseria de nuestra subcultura legal, cívica y política obliga el absurdo de pactar cumplir lo establecido por la ley. No hay más.

Qué suerte haber firmado el sub- pacto sin tener visitas, porque resultaría imposible de justificar cómo es que, en México, es preciso suscribir acuerdos para cumplir lo que las leyes dictan.


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No hubiera estado mal explicar en un discurso fuerte cómo es que hemos llegado a este nivel, donde, a pesar de contar con un complejo entramado legal, es requisito acordar cumplirlo para, eventualmente, aplicarlo.

Visto con benevolencia el absurdo y, si se quiere, condecorado con el aplauso, el presidente de la República y los dirigentes partidistas se han echado la soga al cuello. La comisión de cualquier delito electoral, en el curso de las ocho semanas que medían hasta el próximo 7 de julio -fecha de las elecciones en 14 entidades de la República-, determinará no sólo el resultado de los comicios, sino el destino del actual gobierno y de las dirigencias partidistas que, sin decirlo, reconocieron que México no es un país de leyes.

Los firmantes colocaron en la picota la subcultura de la transa política, la coacción y la compra del voto, el desvío de recursos y programas públicos para propósitos electorales, la subcultura que en su conjunto practican e impulsan los partidos a costa de la denigración del ciudadano y el debilitamiento de la democracia. Tolerar, ahora, prácticas de esa índole pegará no necesariamente sobre quienes las llevan a cabo, como sobre quienes aseguraron que al menos por esta vez serían castigadas. Y quienes lo aseguraron son nada más y nada menos que las figuras principales del régimen político.


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Sólo una profunda conciencia de la difícil circunstancia nacional, o sólo una profunda inconsciencia de ella, pudo haber animado al presidente de la República y a los dirigentes partidistas echarse a cuestas una decisión de la talla de la anunciada.

Las correas de transmisión de esas importantísimas figuras, de su respectivo liderazgo y autoridad, no son tan fuertes ni tan largas como para someter y alcanzar a los operadores -por no decir, plomeros de toda laya y nivel- que, cuando oyen la palabra elección, por instinto piensan de inmediato en la defraudación del voto ciudadano.

El priismo, el panismo y el perredismo, todos, tienen plomeros especializados en hacer política de cañerías. A esa política se deben esos plomeros, ahí nacieron, ahí viven y de ella viven. Tan sólo pensar que los referentes del concurso electoral en Veracruz son, por un lado, Miguel Ángel Yunes y, por el otro, Fidel Herrera, amparados en el desgobierno y la torpeza de Javier Duarte, obliga a quebrarse la cabeza para tratar de imaginar qué van a hacer Gustavo Madero y César Camacho para amarrarlos y pedirles que, en razón del subpacto y el Pacto, esta vez se conduzcan con apego a la ley y con gala de civilidad.

Es sólo un ejemplo de un enorme catálogo de plomeros federales y estatales que han hecho de cada elección ocasión para mantener o conquistar una plaza o una posición política a como dé lugar. Qué interés nacional ni qué ocho cuartos, en su lógica cuenta el distrito, el municipio o la posición política en juego. No bastará un exhorto para someterlos.


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Hasta ahora ni el Instituto Federal Electoral, los institutos electorales de las entidades donde habrá comicios, los órganos oficiales obligados a vigilar las elecciones, como tampoco los gobiernos y los partidos estatales han hecho público y manifiesto su apoyo a la adenda suscrita por el presidente de la República y los dirigentes partidistas.

Ese silencio suena, suena a ruido o indiferencia. Como sea, la circunstancia nacional obliga a buscar refugio en instituciones y leyes antes de que el hartazgo sea desbocamiento y, vista la circunstancia, el presidente de la República y los dirigentes partidistas tendrán que hacer de tripas corazón para llevar a sacrificio a sus plomeros.

Hay que aplaudir el absurdo suscrito si es un pilar del edificio de la legalidad y la civilidad. Si es un engaño, que los firmantes no pongan cara de asombro cuando la implosión venga.


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